Grupos parlamentarios en el Senado tomaron la decisión de que municipios coludidos con el crimen, como Iguala y Cocula, sean atendidos por las tres instancias del gobierno y no sólo pro la Federación, como proponía el Ejecutivo. Después de 16 meses de negociación, los grupos consideraron que tales municipios no deben ser intervenidos sólo por la Federación si no de forma especial por el Estado.
El argumento central fue que la seguridad pública no es una tarea exclusiva que incumbe a la Federación y consideraron que deben evitar “echarse la culpa” entre los distintos órdenes de gobierno. Los coordinadores Emilio Gamboa (PRI), Fernando Herrera (PAN) y Luis Miguel Barbosa (PRD), destacaron que los esfuerzos en materia de seguridad competen a los tres niveles de gobierno.
“Hoy la seguridad pública ya no es una función que se dice expresamente que corre a cargo de la Federación, sino que la seguridad corre a cargo del Estado. Evitar que se estén echando la bolita estados, Federación y municipios para determinar que ellos son los responsables; tiene que ser una función de Estado”,señaló Luis Miguel Barbosa.
Este debate, sigue la lógica de la presentación de la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad, con el Mando Único Policial Estatal, al establecer que la seguridad pública es responsabilidad de los gobernadores. Con el esquema propuesto por el presidente, en lugar de mil 800 policías van a ser 32 sólidas policías estatales, con las que se busca tener un mayor control.
Con información de Excélsior
Expertos en comunicación y estrategia, especializados en la evaluación, desarrollo y supervisión de la imagen pública.