La procuradora General de la República (PGR), Arely Gómez, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las leyes anticorrupción establecidas en Sinaloa.
Específicamente, la PGR va contra el decreto 768, con el que se reformaron y derogaron algunas disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa para el estado, y que fueron publicadas en el Diario Oficial local el 19 de agosto.
La dependencia consideró que el decreto viola la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, ya que con ello se permitirá a los magistrados actualmente en funciones en el Tribunal de Justicia Administrativa, ser ratificados y adquieran inamovilidad en el cargo.
Esto va contra lo establecido a nivel nacional, que señala que los magistrados cumplirán su periodo por el que fueron nombrados.
Se trata del cuarto recursos en su tipo promovido por la PGR contra reformas anticorrupción; lo mismo pasó en Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo.
Con información de La Jornada
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