En enero de 2015, 65 padres, madres y tutores, y 88 alumnos de la escuela secundaria Nicolás Bravo, ubicada en el municipio de Xochihuehuetlán, Guerrero, presentaron una demanda de acción colectiva en contra de la Secretaría de Educación Pública de la entidad por violar el artículo 3º constitucional y prestar el servicio educativo de manera deficiente.
La escuela no contaba con servicio de agua, luz, sanitarios, bardas perimetrales, canchas o plaza cívica. Los salones estaban construidos con horcones de madera, techos de láminas, carrizo, alambre de púas, malla alambrada y sarapes.
De acuerdo con la ley, el Estado tiene la obligación de hacer que la infraestructura educativa garantice el máximo logro de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de México. La normativa aplicable estipula que las instalaciones escolares deben cumplir con requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, equidad, pertinencia, entre otros. Solo que en la secundaria de Xochihuehuetlán, el Estado no estaba garantizando este derecho.
Con información de Animal Político
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