Doce policías mexicanos fueron arrestados y casi una decena de funcionarios de migración despedidos por su posible participación en la muerte de 19 personas, entre ellas presuntos migrantes centroamericanos, cerca de la frontera con Estados Unidos, dijeron el miércoles autoridades.
Las investigaciones de la masacre, ocurrida en enero en el estado norteño Tamaulipas, mostraron que los efectivos probablemente estuvieron involucrados en el crimen, dijo el martes el fiscal general de esa entidad, Irving Barrios, en una conferencia de prensa.
Un portavoz de la fiscalía estatal dijo a Reuters que los agentes serían llevados ante un juez por la posible comisión de los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad en el desempeño de funciones administrativas y falsedad documental.
Hasta ahora, han sido identificados dos guatemaltecos y dos mexicanos entre las 19 víctimas que, antes de ser calcinadas, recibieron numerosos disparos. Barrios dijo en la víspera que en “próximos días” tendrían la identidad del resto.
Familias indígenas del país centroamericano denunciaron que temían que seres queridos que intentaban migrar a Estados Unidos estuvieran entre los muertos.
En un comunicado, el Gobierno de Guatemala manifestó su “rechazo absoluto antes las atrocidades cometidas en la masacre” e informó que trabaja de manera estrecha con las autoridades mexicanas en las investigaciones forenses para identificar a las víctimas.
La matanza ha provocado una renovada consternación en México por los peligros que enfrentan los migrantes, muchos de los cuales provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador, en su ruta hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.
“GRAVÍSIMO”
En rueda de prensa, la secretaria de Gobernación mexicana, Olga Sánchez, calificó de “gravísimo” lo sucedido. “Estas violaciones a los derechos humanos de los migrantes son absolutamente inaceptables”, afirmó.
Sánchez admitió que a veces personal migratorio y policías cometen irregularidades y delitos. “Hemos tenido problemas con muchos de los funcionarios de migración (…) y lo tenemos que reconocer para avanzar”, reveló.
Más tarde el Instituto Nacional de Migración mexicano (INM) dijo en un comunicado que separó de su cargo a ocho funcionarios de su oficina estatal de Nuevo León -colindante con Tamaulipas- por su supuesta vinculación a la desaparición de los migrantes.
Además, el INM aseguró que presentó denuncias ante la fiscalía general en contra los exuniformados.
“Lo anterior, derivado de la omisión en los procedimientos administrativos y protocolos establecidos en la Ley de Migración y su reglamento”, aseguró el INM.
Si se confirma la participación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el caso evocaría el secuestro y aparente masacre en 2014 de 43 estudiantes en la ciudad Iguala, en el suroeste del país, por policías corruptos que colaboraban con una banda de narcotraficantes.
Al llegar al poder en diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió poner fin a los asesinatos y secuestros cometidos por las autoridades, pero los vínculos entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado han sido difíciles de eliminar.
