Once mujeres denunciaron al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la tortura sexual de la que fueron víctimas durante el operativo policíaco en San Salvador Atenco la madrugada del 4 de mayo de 2006 comparecieron ante ese penal internacional en búsqueda de la justicia que tras 11 años no han obtenido.
Cinco de las 11 denunciantes narraron el horror y las atroces acciones de los policías en su contra. Por momentos guardaban silencio, al borde del llanto por la dureza de recordar aquellos hechos.
Las mujeres fueron golpeadas, sometidas, humilladas, insultadas; las agresiones sexuales incluyeron tocamientos y la introducción de dedos en vagina, y en un caso en el ano. Médicos legistas y agentes del Ministerio Público las maltrataron, no les dieron apoyo e incluso fueron socarrones y desestimaron sus denuncias; además, las autoridades estatales pusieron en duda sus dichos.
Los jueces de la Corte se mostraron sensibles con los relatos, y no se limitaron a preguntar exclusivamente sobre la denuncia por tortura sexual, sino que ahondaron en el contexto, en cómo se dio el operativo y hasta pidieron saber el nombre del entonces gobernador del estado de México, que en ese entonces era Enrique Peña Nieto.
“Vengan a calentar a esta puta, dijeron varios policías al tener sometida a Bárbara Italia Méndez”, recordó. Abusaron de ella: apretaron sus senos, mordieron y chuparon varias partes de su cuerpo e introdujeron sus dedos en su vagina. Fue el horror. En su búsqueda de justicia, aceptó realizarse un peritaje un año después con la fiscalía de mujeres de la Procuraduría General de la República. “Mientras estaba desnuda en un pequeño cuarto, en el exterior se escuchaba el tumulto de varios policías que hacían chistes sexistas, además, las dos mujeres que le aplicaron las pruebas le tomaron fotografías con sus celulares.”
Norma Jiménez fue agredida por varios policías. Ante los jueces dijo que cuando solicitó a un médico legista que la revisara porque había sido violada, éste le contestó que seguramente ellas mismas se habían infligido las lesiones. Dijo que su padre no le habla porque cree que está equivocada por estar denunciando esto aquí. En respuesta, la juez Elizabeth Odio le dijo: “Las mujeres no nos equivocamos cuando denunciamos. Claudia Hernández recordó que los uniformados le arrancaron la ropa y cuando se dieron cuenta de que estaba en su periodo menstrual, gritaron: Vamos a ensuciar más a esta perra. Y comenzó su tormento. Varias ocasiones pensó en quitarse la vida.”
Angélica Patricia Torres, quien vivió un tormento similar, exigió que el Estado aclare públicamente que no mintieron. “En ese tiempo vi un mensaje en la televisión, en el que el gobernador decía que mentíamos”, cuando contaba esto, un juez le pidió decir el nombre del entonces mandatario estatal. “Enrique Peña Nieto”, contestó. “Gracias”, el juzgador.
Con información de La Jornada
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