El Gobierno del PRI presiona al poder legislativo para aprobar cuanto antes la ley que significará una hoja de ruta para la actuación de las fuerzas armadas y federales en el combate de la lucha contra el crimen organizado y otras amenazas al Estado.
Miguel Ángel Osorio Chong, visitó la semana pasada la Cámara de Diputados, en una reunión con la oposición que se extendió por cuatro horas, pero no pudo comprometer a los diputados del PAN: “Todavía no están las condiciones para la aprobación”, dijo el diputado Jorge Ramos (PAN).
El senador panista Roberto Gil presentó en septiembre pasado una versión de la ley que propone que el presidente pueda emitir una “declaratoria de afectación a la seguridad interior”. A través de la cual permitiría actuar temporalmente a una fuerza especial conformada por miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. El pedido del ejecutivo deberá incluir una “motivación”, una “delimitación geográfica”, “temporalidad” y una “descripción” de quien representa la amenaza para la seguridad interior.
Sin embargo, la discusión legislativa partirá desde otra propuesta emanada del PRI, elaborada por el diputado César Camacho, expresidente del PRI, y la diputada Martha Sofía Tamayo. Este texto ha sido considerado por partidos de izquierda más vago en cuanto a tareas y plazos a los que estarían sujetos los policías federales y las fuerzas armadas. Por su parte, grupos de académicos sostienen que se trata de un cheque en blanco para las fuerzas armadas que llevaría a la militarización del país.
También, se ha considerado que la falta de concreción en la ley corre el riesgo de utilizar las fuerzas armadas en contra de protestas y manifestaciones sociales. “Si continúan las políticas enfocadas en la militarización solo se prolongará un camino que ya ha sido condenado por las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos”, aseguró Clemente Castañeda, diputado por el estado de Jalisco de Movimiento Ciudadano.
Nuestro país cumplió en diciembre pasado la primera década de su guerra contra los cárteles al narcotráfico utilizando al Ejército y a la Armada, multiplicando las violaciones de derechos humanos. La guerra iniciada en el Gobierno de Felipe Calderón dejó más de 170 mil muertos y 30 mil desaparecidos.
Con información de El País
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