El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, el dictamen que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio que le permitiría a las autoridades disponer de los bienes asegurados a la delincuencia organizada.
Con 420 votos a favor, 10 en contra y nueve abstenciones, avanzaron en San Lázaro las reformas y adiciones a diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y la Orgánica de la Administración Pública Federal.
En el desahogo del tema, dentro del periodo extraordinario de sesiones de la Cámara, los partidos de oposición se reservaron diversos artículos para su discusión y, en su caso, aprobación en lo particular del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Población y de Justicia.
En tribuna, la presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez, fundamentó el dictamen que, dijo, fortalece el marco jurídico del cual dispone el Estado mexicano para la recuperación de activos.
Sin embargo, en la sección El Templo Mayor del periódico Reforma se publica el siguiente análisis:
“Que nadie se espante, pero en la Ley de Extinción de Dominio aprobada ayer se coló el fantasma de la expropiación al estilo priista de los años setenta del siglo pasado. Y es que ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador podrá despojar a los ciudadanos de sus empresas o propiedades y venderlas ¡sin sentencia de un juez! Menos mal que el actual gobierno se caracteriza por respetar el marco legal, por honrar los contratos ya firmados, por respetar las inversiones realizadas y por no estar en contra de los derechos de propiedad. ¡Que si no!”.
