Un tribunal federal de Estados Unidos aceptó el miércoles la petición de la fiscalía general de ese país de retirar cargos por narcotráfico contra el exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos, mientras el Gobierno del país latinoamericano negó un posible pacto secreto para frenar su procesamiento.
La jueza federal de distrito Carol Bagley Amon aceptó la solicitud en una audiencia en Brooklyn, Nueva York, luego del abrupto anuncio del martes del fiscal general estadounidense, William Barr, y de su homólogo mexicano, Alejandro Gertz, de que el caso estadounidense terminaría.
“Aunque estos son cargos muy graves contra una figura muy significativa, y me viene a la mente el viejo adagio de ‘mejor pájaro en mano’, no tengo motivos para dudar de la sinceridad de la decisión del Gobierno”, dijo la magistrada en la audiencia.
Horas antes, el gobierno mexicano descartó que haya habido algún acuerdo soterrado para que Barr pidiera retirar los cargos contra Cienfuegos, al que se acusa de proteger y colaborar con un cártel de drogas, y dijo que la decisión muestra la confianza en el sistema legal del país latinoamericano.
“No hay nada a cambio”, afirmó en su rueda de prensa diaria el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tras conocerse la captura hace un mes cuestionó el papel de la DEA y otras agencias estadounidenses en el país. “No hay nada oculto”, lo secundó Marcelo Ebrard, su canciller.
Ebrard rechazó cualquier vínculo entre el caso y la postura mexicana de no reconocer aún el triunfo del candidato demócrata Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos. México es de los pocos países en el mundo que aún no ha felicitado a Biden, con el argumento de que hacerlo sería una injerencia.
COOPERACIÓN BILATERAL EN JUEGO
Seth DuCharme, el fiscal federal interino en Brooklyn, dijo que su oficina “respalda la causa” contra el militar retirado mexicano, pero que su interés en procesarlo fue superado por el “interés más amplio” en mantener la cooperación entre las fuerzas del orden de ambas naciones.
El canciller mexicano pareció corroborar ese planteamiento, al revelar detalles de las negociaciones diplomáticas en torno al caso. “No puedes tener una cooperación cercana con todas las instituciones de México, y al mismo tiempo hacer esto. Hay que escoger”.
Mientras fue jefe de Defensa de Enrique Peña (2012-2018), Cienfuegos trabajó en estrecha colaboración con sus pares estadounidenses en asuntos penales transfronterizos y era una figura destacada en la lucha contra las drogas en su país.
Hablando en español, el militar retirado le dijo al juez que aceptaba el traslado a México, donde no esperaba enfrentar persecución, dijo. Su abogado, Edward Sapone, explicó que su cliente firmó un acuerdo de deportación, después de que Ebrard anticipara su retorno en avión en los próximos días.
“Hoy (miércoles) es un día de justicia”, señaló Sapone en conferencia de prensa. “El general va a salir de Nueva York hoy hacia México, este es el plan”, añadió.
Ebrard indicó que Cienfuegos, detenido en Los Ángeles en octubre, podrá ser investigado por la Fiscalía General mexicana, que no tiene aún una orden de detención en su contra, y llegaría “en libertad” a su país en los próximos días, donde sería juzgado por “el fuero común” si se da el caso.
Su aprehensión generó malestar en las Fuerzas Armadas, a las que López Obrador ha involucrado en áreas estratégicas de su gestión. Además, tensó la relación bilateral, pues México no fue informado de la investigación y, por ello, envío una nota diplomática de queja a Washington.
Cienfuegos fue arrestado diez meses después de que fiscales estadounidenses acusaran al exsecretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García de aceptar sobornos para proteger al cártel de Sinaloa, de Joaquín “El Chapo” Guzmán, preso en Estados Unidos. García Luna se ha declarado no culpable.
Información de Reuters
