México podría emitir órdenes de arresto contra presuntos evasores de impuestos en septiembre, dijo un fiscal de alto rango, mientras el gobierno intensifica una campaña agresiva para exprimir más ingresos de las empresas y poner fin a lo que describe como años de débil recaudación tributaria.
Una ofensiva dirigida a impulsar las arcas estatales del país con la recaudación de impuestos más baja en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya ha llevado a la unidad minorista de Walmart Inc en México y el embotellador y minorista Femsa a desembolsar cientos de millones de dólares.
Están pendientes varias denuncias penales por violaciones en materia impositiva, dijo en una entrevista el procurador fiscal, Carlos Romero, sin proporcionar detalles sobre la cantidad o las empresas que podrían enfrentar los cargos.
“Íbamos a tener las primeras órdenes de aprehensión entre abril y mayo, pero se me atravesó una pandemia. Ahorita espero que entre septiembre y octubre”, explicó Romero. “Entre 2020 y 2021, va a haber gente en la cárcel”.
Las tácticas difíciles son posibles debido a una reforma implementada este año que clasifica el fraude fiscal por más de 7.8 millones de pesos (343,419 dólares) como un delito grave. Los sospechosos pueden ser arrestados cuando son acusados y detenidos durante el proceso.
Romero dijo que el momento de los arrestos dependerá de que los tribunales y otras autoridades puedan reabrir luego del confinamiento por la pandemia en México.
La fiscalía general es responsable de presentar cargos ante un juez y llevar a cabo arrestos basados en quejas presentadas por el procurador fiscal.
Si grandes contribuyentes corporativos estuvieran bajo escrutinio, las órdenes de arresto podrían apuntar a varios puestos, incluida la persona a cargo de los pagos de impuestos, miembros de la junta, abogados y contadores, agregó Romero.
La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, dijo a Reuters el mes pasado que las autoridades habían abierto “cuatro o cinco” casos de fraude fiscal corporativo solo este año, sin revelar nombres.
Romero dijo que este año su oficina cerró dos casos criminales “importantes” contra compañías, sin especificar cómo se resolvieron. En una tercera instancia, una empresa llegó a un acuerdo con el gobierno cuando se le presentó el riesgo de cargos criminales, destacó.
No identificó los casos cerrados o la compañía que llegó a un acuerdo. La directora de asuntos corporativos de Walmart de México dijo que no tenía conocimiento de una denuncia penal, después de que la compañía dijo que pagó 8,080 millones de pesos (356 millones de dólares) en un acuerdo con la autoridad fiscal sobre la venta de un restaurante.
Femsa, que se comprometió a pagar 8,800 millones de pesos (397 millones de dólares) en impuestos, no recibió un cargo penal, dijo una portavoz.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en junio que el fabricante de automóviles japonés Toyota Motor Corp estaba en el proceso de poner en orden su situación fiscal.
Toyota en México se negó a comentar sobre sus asuntos fiscales. “Si el presidente no ha hecho un anuncio, es porque todavía no hay noticias”, dijo Romero.
Información de Reuters
