La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró la decisión de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) de determinar como inconstitucional a la Ley de Seguridad Interior.
“La decisión de la Corte confirma el papel clave del Poder Judicial como un ente independiente capaz de garantizar los derechos humanos”, afirmó Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH. “La resolución envía un poderoso mensaje en contra de la militarización de la política de seguridad”, agregó.
Resaltó que el despliegue de las Fuerzas Armadas que ha tenido lugar durante la última década en la lucha contra el crimen no ha traído seguridad. “En cambio, las personas en México han sufrido violaciones a sus derechos humanos y abusos por parte de actores estatales y no estatales, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas”, apuntó.
Este jueves, diez de los once ministros de la SCJN se pronunciaron a favor de la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, esto significa que la Ley ha sido invalidada en su totalidad.
Los ministros consideraron que el Congreso no tiene la competencia para legislar en materia de seguridad interior; así como que en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.
Señalaron que la Ley de Seguridad Interior empleaba indebidamente los conceptos de seguridad nacional, pública e interior; además de que infringía las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y que no proveía certidumbre. Además, algunos ministros sostuvieron que la Ley fue aprobada sin llevar a cabo un proceso legislativo adecuado y que no fue consultada con los pueblos indígenas.
