A ti que me escuchas esta mañana en ¡Qué tal, Fernanda! te pregunto:
Si el día de hoy, camino a tu trabajo, a lo largo de la tarde o de regreso a tu casa, te encontraras en una situación donde se te acusara de un delito que no cometiste, ¿sabrías cómo defenderte legalmente? ¿Conoces tus derechos como ciudadano mexicano? ¿Sabes en qué y hasta dónde te amparan las leyes?
Seguramente, no todos podrán contestar afirmativamente. Y este es uno de los mayores problemas en México, donde miles de personas están en una cárcel cumpliendo una condena o enfrentando un proceso penal por delitos que jamás cometieron, todo por no saber defenderse o por no tener la posibilidad de contar con un buen abogado.
En este periodismo de vida, hoy te presento un caso muy comentado en los medios informativos el año pasado, cuando el martes 21 de febrero el entonces titular de la Procuraduría General de la República -Raúl Cervantes- ofreció en el Museo Nacional de Antropología e Historia una disculpa pública y reconoció la inocencia de tres mujeres indígenas otomíes.
Estoy hablando de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, las cuales se convierten en protagonistas de una terrible historia de injusticias y sufrimiento el 26 de marzo de 2006, cuando trabajaban como vendedoras ambulantes en el tianguis de Santiago Mexquititlán, en Querétaro.
Ese día, terminan en prisión después de un supuesto operativo antipiratería conformado por 6 agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes llegan de repente sin identificación ni uniforme al tianguis y con lujo de violencia decomisan la mercancía de varios comerciantes, diciendo que se trata de piratería.
Obviamente, los vendedores no se dejan y empieza un zafarrancho impresionante, que sólo termina cuando el jefe regional de la AFI y el agente del Ministerio Público de la Federación en San Juan del Río llegan al lugar y pagan en efectivo los daños originados por los agentes federales.
Según los testimonios, ese domingo todos los elementos de la AFI abandonan la comunidad alrededor de las 7 de la tarde, sin que se reseñe alguna agresión en su contra. Pero curiosamente 5 meses después, sucede algo muy extraño…
El 3 de agosto Jacinta Francisco Marcial es detenida al bajar de un taxi. También Alberta Alcántara Juan es apresada en su trabajo y Teresa González Cornelio en su casa. Las 3 son presentadas en la ciudad de Querétaro ante el Ministerio Público, acusadas como responsables del secuestro de los 6 agentes de la AFI que hicieron el operativo aquel 26 de marzo de 2006.
¿Cómo es posible que las culpen de semejante cosa? Por una fotografía publicada en un medio local del operativo donde aparece Jacinta como espectadora. Y ya, con eso fue suficiente para decir que es una delincuente.
Jacinta, Alberta y Teresa son recluidas en el Centro de Readaptación Social Femenil de San José el Alto. Tras un proceso penal cuestionablemente riguroso con pruebas fabricadas y testimonios falsos, que dura nada menos que 2 años, el 19 de diciembre de 2008 Jacinta es sentenciada a 21 años de prisión y un pago de 2 mil días de salario mínimo de multa.
Teresa y Alberta reciben la misma sentencia un mes después. Sólo que en el caso de Alberta también se le acusa de posesión de cocaína. Por cierto, Teresa tiene una hija durante su reclusión, a la que llama Jazmín y pasa su primer año de vida en el penal de San José el Alto.
Sin embargo, como he dicho tantas veces: somos más los buenos. Porque resulta que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez -una asociación civil sin fines de lucro- asume la defensa de Jacinta al comprobar que se vulneraron sus garantías procesales; que nunca tuvo acceso a un intérprete o traductor, pues no hablaba español; que se le negó el derecho de presunción de inocencia.
El 22 de diciembre de 2008 presentan una apelación a la sentencia y después de 3 años y un mes de permanecer en una cárcel injustamente, el 15 de diciembre de 2009 Jacinta es puesta en libertad porque finalmente la PGR se desestima las pruebas y se dan cuenta que no hay delito alguno para mantenerla presa.
En el caso de Alberta y Teresa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve a su favor la apelación interpuesta por su defensa y salen libres el 28 de abril de 2010. ¿Pero qué pasa después?
Jacinta presenta una petición de responsabilidad patrimonial ante la PGR en 2010, es decir, pide que se le compense por los años que pasó en la cárcel injustamente. Lo mismo hacen Alberta y Teresa en 2011. Pero a las 3 les niegan la reparación en la PGR.
Nuevamente, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez acude ante el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, que en 2013 emite 2 sentencias por separado en las que se ordena el pago de 20 mil salarios mínimos a cada una de las 3 indígenas como indemnización por el daño moral, y el reconocimiento de su inocencia en una disculpa pública.
Y de nuevo, la PGR se vale de varios recursos legales para negarse a cumplir la sentencia, pero en 2016 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interviene y en mayo la entonces titular de la PGR Arely Gómez dijo que acataría la sentencia.
Casi 11 años después, tras perder su libertad, su reputación como ciudadanas, más de una década de su vida, por fin Jacinta, Alberta y Teresa recibieron una disculpa. ¿Pero eso será suficiente para devolverles lo que eran antes de ser acusadas de un delito que no cometieron?
Por eso es que hoy te pregunto: ¿Estás preparado para defenderte de una injusticia? ¿Qué tanto conoces tus derechos?
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