Durante muchos años, desde el Estado no se habían querido reconocer las decenas de miles de desaparecidos en nuestro país.
Ayer el jefe del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, promulgó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
“Peña Nieto admitió que en esta materia también tengo una enorme frustración”.
Representantes de las organizaciones habían externado su censura a la inacción del Estado ante un dolor que cambió sus vidas, “pues la promulgación de la ley es sólo el reconocimiento de la magnitud de la crisis humanitaria, consideró Grace Morán“, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos.
“Es imperante que esta ley no repita los errores del pasado, coloque las necesidades de víctimas en el centro, deje fuera formalismos que la harían inoperante e ineficaz”, al tiempo que demandó mantener contacto con organizaciones internacionales.
Antes de firmar la promulgación de la ley, Peña Nieto instruyó a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República para que en el plazo de 60 días realicen las acciones para instalar el Sistema Nacional de Búsqueda; construir la comisión nacional de búsqueda y el consejo nacional ciudadano; depurar y organizar el traslado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas a la Secretaría de Gobernación; poner en operación el Banco Nacional de Datos Forenses; integrar el Sistema Único de Información para la Búsqueda, y conformar el registro de fosas comunes y clandestinas, entre otras acciones.
Con información de La Jornada
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