En nuestro país, la falta de una ley que regule la publicidad oficial en los medios de comunicación provoca un “ejercicio arbitrario” del presupuesto de comunicación social, pues favorece a medios afines al gobierno y limita recursos a medios que no lo son,“asfixiándolos financieramente” y poniendo en riesgo su existencia.
“Es un efecto silenciador y una restricción indirecta a la libertad de expresión”, concluyó el proyecto de sentencia elaborado por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar derivado de la revisión de un amparo promovido por la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19, ante la falta de una ley que regule la publicidad oficial.
El proyecto de Zaldívar será analizado y sometido a votación en la Primera Sala el 15 de noviembre, ordena al Congreso expedir la ley que regule el gasto en comunicación social antes del 30 de abril de 2018.
En la demanda de amparo, Artículo 19 señala que el artículo tercero transitorio de la llamada “reforma político – electoral” aprobada desde febrero de 2014, ordenaba claramente que se debía emitir una ley específica para regular la contratación de publicidad oficial. Sin embargo, el Congreso ha sido “omiso” en expedirla e incluso hay una “parálisis” para avanzar en el tema.
Con información de Animal Político
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