La denuncia original fue presentada por los condados de San Francisco y Santa Clara por considerla inconstitucional la amenaza de retirarles fondos federales si no colaboran con inmigración. A esta denuncia se han sumado al menos otras 34 ciudades, entre las que están Portland, Oakland, Seattle, Los Ángeles, Austin, Chicago, Denver o Jersey, además de California como Estado.
Las grandes ciudades con mucha presencia de inmigrantes irregulares han adoptado la política de no preocuparse por el estatus migratorio de sus ciudadanos y no entregar a personas a petición de ICE a no ser que haya una orden judicial. El Departamento de Justicia, que dirige Jeff Sessions, había endurecido sus palabras contra estas ciudades.
Con información de El País
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